Colombia es un país que tiene los suficientes recursos naturales, la mano de obra y, si hiciera un esfuerzo más allá de la mediocridad, la infraestructura para competir con cualquier país de mundo. Cuenta con territorios y riquezas envidiables tales como el petróleo, carbón, nickel, plata, oro, platino, gas natural, esmeraldas, frutas, verduras, café, mares, costas, ríos, tierras cultivables, ganado y flores, además de una fuerza de trabajo (mano de obra) considerable; factores que hacen de este país un lugar exquisito para hacer negocios y para generar una cantidad innumerable de bienes y servicios que lograrían hacer de este Colombia prácticamente una potencia, por lo menos, latinoamericana.
Recientemente firmó tratados con Canadá y Estados unidos, factor que a pesar de las falencias que tiene la infraestructura y las instituciones (entre otras), puede impulsar la economía del país a niveles prácticamente nunca antes alcanzados.
Ahora bien, como en todos los países, en Colombia tenemos problemas graves que tienen que ser solucionados con la mayor prontitud posible. Líos como el conflicto armado que ha vivido el país durante más de 60 años, la desigualdad social patrocinada por la falta de control estatal, el narcotráfico, y la corrupción han hecho que el progreso se haya visto seriamente retrasado y que la economía haya sufrido un proceso de “enfriamiento” a tal punto de que pareciera que tenemos una economía enferma.
Uno de los pilares problemáticos y más significativos es la corrupción. Genera malestar en la población, sólo beneficia a algunos pocos, hace daño a la economía colombiana (y por tanto al país) y a la población más desfavorecida (como se dice por ahí, a “los de a pie”).
Mauricio Medinaceli define la corrupción (citando a Sheleifer & Vishny) como “la venta por parte de oficiales del gobierno de propiedad del mismo para fines de lucro. En este sentido, una definición amplia de corrupción engloba a todas las acciones de una o más personas que toman beneficio privado de algún acuerdo común. Esta definición tiene la virtud de no sólo englobar la acción de servidores públicos, sino también de aquellas personas privadas que obtienen beneficio privado de algún acuerdo (implícito e explícito) social”; esta definición concluye algo que al parecer se pierde de vista cuando revisamos las acciones corruptas que afectan al país: que el problema no sólo es de los servidores públicos sino también de los particulares que o bien patrocinan o bien no toman ninguna acción de las acciones corruptas del servidor público con tal de obtener beneficio de dónde el común se debería beneficiar.
Este problema tiene varias consecuencias; algunas de las más importantes citando de nuevo a Medinaceli, quién recurre a Tanzi son:
1) La Reducción de capacidad del gobierno para imponer un marco regulatorio adecuado y disminuir las fallas del mercado.
2) se distorsiona el incentivo para que los agentes económicos destinen sus esfuerzos a actividades productivas y destinen su esfuerzo a ganancias extraordinarias a través de sobornos.
3) Reduce los gastos en educación y salud y por ende a menores tasas de crecimiento del país (tanto en calidad de vida como en economía)
4) Incrementa la inversión pública en proyectos de bajo rendimiento o ineficientes.
5) Reduce la inversión directa extranjera ya que actúa como un impuesto adicional creando mayor incertidumbre en el mercado de capitales.
Todas estas consecuencias se desencadenan en unos costos sociales altísimos, costos de los cuales somos testigos a diario en las calles, en los hospitales, el los caseríos, en las universidades públicas y privadas y el los colegios. Vemos como el gobierno trata desesperadamente de inyectar capital privado a la educación y, por qué no decirlo, en zafarse de sus responsabilidades con el pueblo porque o no tiene como sostener los gastos (más bien inversión) o sencillamente, para beneficiar entidades privados prefiere que particulares se encarguen de sus responsabilidades (tal cual ocurrió con la fallida ley 30 del 2011 o con la ley 100 de 1993 o “ley de seguridad social”).
Este fenómeno, tan enraizado en América Latina y en nuestro país, responde a varias razones entre las que se encuentran la debilidad de las instituciones, el miedo a la denuncia, la ineficiencia de la justicia, el costo de la ley entre otros.
De los motivos más importantes es que, básicamente, la ley tiene costos altos para las personas que tienen menos recursos económicos; eso implica que quienes cuentan con mayores beneficios monetarios pueden ver la corrupción, como por ejemplo el soborno o el robo de los recursos públicos, más como una inversión que como el riesgo del rompimiento de la ley. Enrique Ghersi lo explica de la siguiente forma:
“Cuando se produce una ley por un legislador, o un juez en el common law dicta una decisión con fuerza vinculante, en realidad le está diciendo a los ciudadanos de su país que necesitan una cantidad de tiempo y de información determinados para ser protegidos por el sistema institucional. ¿Qué ocurre por consiguiente si le exigen a los ciudadanos mucho tiempo o mucha información para cumplir con una ley?. Esta ley no se cumple, ni se obedece. Sólo se cumplen las leyes cuyos beneficios sean mayores que sus costos. Sólo se cumplen las leyes que demanden una cantidad de tiempo e información que sea menor que el beneficio previsto por el ciudadano para cumplir con ellas. En esto no hay nada de malo ni de bueno. Es una decisión carente de objetivo ético. [...] Si la ley exige mucho tiempo, la gente no la cumple. Si la ley exige demasiada información, la gente no la cumple.
[...] La gran paradoja, sin embargo, consiste en que el costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población, pues “una mejor información es más fácil de obtener, con un riesgo correspondiente menor, conforme aumenta el nivel de ingresos”.5 Es decir, a consecuencia de que el costo de oportunidad es menor, a los ricos la ley le es más barata que a los pobres. La razón estriba en que los ricos tienen que sacrificar menos de su ingreso personal para cumplir con la ley. Los pobres en cambio, tienen que sacrificar más cosas significativas; es decir, más tiempo e información.
El tiempo y la información son elementos costosos en todo mercado. De suyo esto supone que el aumento de la legislación favorece a los ricos y perjudica a los pobres. La tendencia general de toda nueva ley, de todo incremento en la cantidad de normas de una sociedad, es siempre discriminatoria.”
Esto explica que este tipo de conductas se observen en los servidores públicos de la mano de civiles o instituciones privadas que poseen los recursos suficientes para hacer de la ley una inversión y no una obligación que de ser incumplida sea punible; ese hecho (importantísimo) sumado con la debilidad de las instituciones (señalada con anterioridad por la revista semana en la edición del 16 de Noviembre del 2011[1]) permite que el fenómeno se desarrolle como se ha presenciado durante años.
De la misma manera, es vergonzoso cómo las mismas instituciones encargadas de proporcionar los datos oficiales encubren las falencias que, como ya se vio anteriormente, son provocadas por el fenómeno de la corrupción; un ejemplo importante de este hecho es que incluso las agencias de prensa y comunicación internacionales han escrito sobre este tema. La agencia BBC mundo anunció al planeta como el Departamento Nacional de Estadísticas tenía (ha tenido y tendrá) bajos niveles de credibilidad porque, como afirmó Ernesto Rojas (En aquel entonces el Director Estatal del DANE), cuando alegó supuestas presiones del gobierno para que las cifras sostuvieran sus políticas: “Lo que hay es una deficiencia de credibilidad sobre otros organismos del Estado que quieren que las cifras reflejen sus deseos y evalúen bien sus políticas”. Este tipo de hechos, como bien es conocido, no sólo afectan la percepción interior en el país sino también la forma como en el exterior nos ven, causando irremediablemente, la baja de inversionistas extranjeros en el país pues, como se piensa en la sabiduría popular, “no es bueno hacer negocios con gente de dudosa moral”.
De la misma manera, como se muestra en el artículo de la revista semana anteriormente citado, existen muchos otros motivos por los cuales este fenómeno sigue creciendo y prevalece; estas son la falta de información[2], en la cuál las entidades estatales no dan la información a quién adjudican los contratos públicos o simplemente no hacen licitación; también se debe a la falta de protección de testigos, es decir, la gente no denuncia porque tiene miedo y no se les protege debidamente. Se puede agregar (también extraído de Semana) que la corrupción se acepta y no se denuncia, es decir la población no sólo está acostumbrada, sino que hace parte de la corrupción al dejarla pasar; además de confiar pobremente en la efectividad de la justicia al presenciar los casos de los “ladrones de cuello blanco” que pagan penas irrisorias por sus delitos.
Una de las organizaciones no gubernamentales que ha estado más pendiente de la transparencia en este país es “Tranparencia por Colombia”, esta organización ha hecho balances que demuestran que en Colombia, la percepción que se tiene tanto de las instituciones como de los organismos de control y las empresas, los ciudadanos tienen percepciones muy negativas hasta el punto de no creer que la situación mejore y que, de 1 a 10 donde 1 es nada corrupto y 10 es muy corrupto, las personas han llegado a afirmar que (en promedio) 5.7 es la puntuación que se merecen; esto demuestra una desconfianza preocupante (y hasta fundamentada) en las instituciones y su relación con las empresas privadas.
De la misma forma, en un estudio realizado por esta misma organización y la facultad de Administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia, se ha dejado en claro que, cuando se trata de hacer negocios con el estado, la mayoría de los empresarios están dispuestos a pagar sobornos con tal de obtener el contrato, es decir, como si se tratara de un impuesto más: “91% percibe que hay empresarios que ofrecen sobornos en el giro de sus negocios. Entre las empresas que contratan con el Estado, se obtiene un contundente 94% para el sí. Este es la pregunta con más altos porcentaje de toda la encuesta. Al discriminar los resultados se observa que 93% de las grandes empresas, 88% de las medianas y 92% de las pequeñas respondió que sí.”
Otra de las cuestiones más importantes a analizar es que, si las instituciones son deficientes y la población civil también a la hora de ejercer control sobre las acciones del gobierno, entonces nadie lo va a hacer. Sin embargo, existe, por supuesto, formas de hacer el control sin necesidad de someterse al peligro directo que representa ser el denunciante de un acto de corrupción: La desobediencia civil.
Para un estudio realizado por la Universidad del Valle llamado “Resistencia Civil y el Estado constitucional” la resistencia o la desobediencia civil es “cuando se habla de una acción colectiva sustentada en un elemento de fuerza moral legítimo (y no así del falso concepto de violencia y desacato a las leyes); por lo que debe entenderse a la Resistencia Civil como un concepto derivado y no opuesto al de la sociedad civil, entendido ello como un acto razonado, público (y no violento) por medio del cual una parte de los integrantes de la sociedad presentan una serie de razones y argumentos para resistir ante una ley que perjudica sus intereses grupales teniendo la capacidad de ejercer esta acción contra aquellos que están en el poder, porque es en ese nivel que se crea la mayor cantidad de arbitrariedades por el exceso del poder y las adulaciones que reciben las autoridades”.
Esto significa que la presión civil contra este tipo de robos, no sólo es legítima sino que además es efectiva también y que, ante la buena organización, los administradores (el gobierno) tiene que tomar medidas para satisfacer el descontento que se ve reflejado en las manifestaciones (un ejemplo innegable es la más reciente victoria de los estudiantes frente al gobierno con la reforma a la educación o ley 30 del 2011).
Recientemente, el 21 de Agosto de este año (2011), en Calí y en otras partes del país, los ciudadanos se manifestaron para mostrar el inconformismo que existe al rededor de ese tema en particular; argumentando que el desfalco (en lo que llevaba del año) de 1222 millones de pesos era uno de los problemas e insultos más graves de y hacia la población colombiana (tomado del diario El país).
Así, es necesario hacer especial énfasis en que, este fenómeno es una cuestión que hace más daño a la economía del país de lo que el grueso de la población cree y que es una cuestión en la que todos tenemos que poner especial atención ya que, como ya observamos, las instituciones e incluso los organismos de control son deficientes y es tan necesaria la comprensión como la lucha contra este tipo de actitudes en el país, actitud de la que muy pocos salen beneficiados.
[1] En este punto se ha fallado. “En Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos (como Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) siguen siendo débiles. Es complejo: en un escenario egoísta, donde alguien quiere sacar ventaja, se roba los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue, es un círculo perverso”.
Son muchos los ejemplos de la debilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado instalarse, y en todos los niveles. Para mencionar algunos, están las controvertidas investigaciones que la justicia tiene contra exfuncionarios y exdirectivos de la Alcaldía de Bogotá, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de la Contraloría y de los ministerios de Agricultura y de la Protección Social.
[2] “Solo el 0,5 por ciento de las 158 entidades estatales usó la licitación pública para adjudicar contratos, un indicador “bajo, alarmante y preocupante”, según Restrepo. Lo que pone en duda sobre qué tan transparentes son los contratos que el Estado adjudica. “ (tomado del mismo artículo de Semana).
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