Tengo 21 años de vida y no me acuerdo de ningún momento histórico en particular en que los colombianos estuviéramos dispuestos a renunciar a nuestros derechos como civiles y ciudadanos. Por supuesto, los colombianos han tomado decisiones incorrectas en las urnas de votación y los resultados han sido devastadores; en resumen, la ciudadanía nacional no ha sabido corresponder a la "suspicacia indígena" que supuestamente nos caracteriza, y ha optado por elegir a quienes, sin expresarlo en ningún discurso político, vienen a quitarle a los habitantes de Colombia una de las pocas cosas que aún les pertenece: sus derechos.
La historia patria en ese sentido es muy interesante. Bien lo documenta Alfredo Molano en muchas de sus obras (Trochas y Fusiles, Los años del Tropel, etc.); este sociólogo, escritor y periodista colombiano ha dedicado buena parte de su vida ha narrar la forma en que desde los inicios del conflicto en nuestro país, a la población se le ha negado el derecho a elegir una forma de pensar, una posición crítica y (por supuesto junto con la innumerable cantidad de violaciones que un problema de violencia como el que vivimos puede traer) una vida digna para los presentes y los futuros.
Ahora bien, es curioso notar que medio siglo más tarde las cosas siguen idénticas sino que con una nube de humo que esconde la negación de nuestras libertades civiles.
¿No le ha parecido extraño al lector que cada vez que los ciudadanos están preparando una manifestación los grandes medios de comunicación empiezan a "informar" que "según fuentes de la policía habría infiltraciones de las FARC"?
¿No es curioso que cuando los transportadores hacen un paro significativo, que por supuesto por molesto a la cotidianidad es efectivo, llamen a las empresas que están liderando la manifestación y una de las primeras acciones sea quitarle su personería jurídica?
¿Por qué las expresiones como las marchas estudiantiles o de trabajadores terminan opacadas por la fuerza pública y mostradas como disturbios de revoltosos sin oficio?
Creo que hay que tener en cuenta que ni expresarse, ni manifestar NI PENSAR es un delito y más bien es una cualidad que la esfera política y de la "fuerza pública" (o como le decía Jaime Garzón, la violencia legítima del Estado) deben celebrar, no satanizar.
Hoy 4 de Agosto, vi un artículo en el periódico El Espectador en el que el concejal Jaime Caicedo denunció que la supuestas infiltraciones de las FARC es una especia de "falso positivo" gubernamental que utilizan para validar la represión injustificada a las manifestaciones civiles propiciadas por los estudiantes, indígenas y sindicatos.
Es obvio, ¿dónde estaría el gobierno si los colombianos fueran ciudadanos activos y participativos? ¿Qué sería de los políticos corruptos y de las aparentes relaciones que tienen con las "bandas criminales" y las mafias?
Yo sé que pasaría. Tendrían que irse a donde pertenecen (a la cárcel) o enderezar sus caminos, porque si hay una verdad social es que los civiles somos quienes pagamos sus sueldos y quienes pagamos los platos rotos de todos los delitos que estos ladrones encorbatados cometen; y por esta razón NO PUEDEN, desde ninguna perspectiva, permitir que nos organicemos y que hagamos ejercicio de nuestros derechos como colombianos.
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