El jueves 23 de agosto 10 mil
estudiantes chilenos protagonizaron nuevas manifestaciones. Las marchas se
realizaron simultáneamente en 14 barrios de Santiago de Chile y fueron
convocadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
Finalizando la jornada de protesta, alrededor de 140 estudiantes fueron
detenidos y 18 carabineros (policía militarizada) resultaron heridos, según
cifras de la Intendencia Metropolitana de la capital chilena.
Profesores y centrales
trabajadoras de todo el país se unieron a los estudiantes chilenos quienes
desde junio del año pasado protestan para cambiar la Ley General de Educación.
Esta deja al estado como un regulador de la educación y delega la educación
superior y media a instituciones privadas.
Estas manifestaciones habían
sido organizadas por la Confederación de Estudiantes Chilenos (CONFECH) en
reclamo del financiamiento de la
educación por parte del Estado, por retrasos en becas y por problemas con la
Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Las marchas se habían detenido
paulatinamente desde octubre luego de que el gobierno respondiera con proyectos
de ley que aún hoy prometen asegurar la calidad y la cobertura de la educación
de los estudiantes chilenos.
Sin embargo, el 25 de abril y
el 28 de junio de este año se volvieron a presentar marchas con miles de
asistentes; también se han presentado huelgas de hambre, paros de colegios y
tomas en las instituciones educativas. Estas acciones cuentan con el apoyo de
la comunidad universitaria, pero a diferencia del año pasado, el paro nacional
de este 23 de agosto fue convocado por estudiantes de secundaria.
Walteer Quezada, estudiante y vicepresidente del
centro de alumnos del colegio San Agustín de Chile, explica que las
manifestaciones se han presentado porque existen desigualdades notables entre
los colegios municipales (públicos) y los particulares. Dijo también que las protestas
se deben a que los alumnos quedan en condiciones disparejas para presentar el
examen PSU (Prueba de Selección Universitaria, equivalente en Colombia a las Pruebas Saber),
entre otros reclamos sobre la calidad de la educación y su costo. “Lastimosamente ni el gobierno chileno ni los
estudiantes han llegado a ningún consenso y, dada la cantidad de marchas
convocadas, se ha dado pie a que ocurran incidentes en los que la fuerza
pública se ha enfrentado con los
estudiantes en hechos violentos”, agregó Quezada.
El presidente de Chile,
Sebastián Piñera, durante una ceremonia pública en el palacio La Moneda, se refirió ese 23 de agosto a las protestas
como algo sin importancia: "En nuestro país hay
11 mil escuelas. Entiendo que hoy hay nueve instituciones que están en toma y
eso es menos del 0,1% y, por tanto, si bien escuchamos a ese porcentaje, con
mucha mayor razón escucharemos al 99,9% restante que lo que quiere es
estudiar".
Por su parte, Patricia Camus, profesora de
secundaria de una institución chilena, dijo que “estas manifestaciones son la
reiniciación de las protestas del año pasado; el movimiento se había pausado
por los problemas ocasionados durante el tiempo de las movilizaciones. Muchos
alumnos tuvieron que repetir el año y la cantidad de los contenidos bajó
notablemente”. Camus también afirmó que “uno de los motivos de tal receso es
que el gobierno continúa manteniéndose intransigente ante los reclamos de los
estudiantes y eso ha retrasado el proceso de consenso entre el Estado chileno y
los jóvenes”.
La dificultad en torno a la educación es que
esta es tanto un derecho como un servicio y la apuesta sobre la gratuidad en la
educación depende no solamente de la voluntad de gobierno sino también de su
capacidad para sostenerla. Jorge Riveros, profesor de Políticas Públicas en
Educación de la Universidad Externado de Colombia, explicó que es por este
motivo que “las exigencias de los jóvenes chilenos se pueden considerar pero
luego de un largo proceso de diálogo y ajustes de las demandas con los
estudiantes. Una de las fallas del movimiento estudiantil chileno reside en que
no existe una plena actitud conciliadora y están desaprovechando la oportunidad
de una verdadera negociación con el gobierno”.
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